Un modelo que genera tensiones

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Un modelo que genera tensiones

De 2014 a 2019, el modelo del outsourcing en México ha proliferado. Con más de 900 empresas dedicados a la tercerización, los derechos laborales de los trabajadores mexicanos han menguado

La iniciativa busca acabar con la defraudación fiscal y evitar que los derechos de los trabajadores se sigan viendo afectados por el outsourcing.

La iniciativa busca acabar con la defraudación fiscal y evitar que los derechos de los trabajadores se sigan viendo afectados por el outsourcing. Imagen Cortesía.

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó una iniciativa de reforma que pasará por el Congreso de la Unión en materia de subcontratación que buscará eliminar el outsourcing ilegal; uno de los modelos laborales que han llevado a la precarización del trabajador en México y en general, en el mundo.

El outsourcing o tercerización es una modalidad utilizada para la administración del personal de una empresa, que data de hace más de 60 años, aunque es en las últimas dos décadas donde se ha vuelto una de las más utilizadas por las ventajas que significa para los empresarios debido a que se evaden responsabilidades como el pago de las prestaciones que demanda la ley.

Según las cifras aportadas por el propio gobierno federal, al cierre del año pasado más de 5 millones de personas en México estaban contratadas bajo dicha modalidad,la tercerización era el esquema que las regía en todo lo relacionado con las cuestiones administrativas de su empleo, desde el pago del salario hasta las incapacidades, vacaciones y prestaciones.

En México, según cifras aportadas por la propia Secretaría de Hacienda, existen cerca de 900 empresas dedicadas al outsourcing.  El propósito de la iniciativa es equiparar el outsourcing ilegal al mismo nivel de delito que las factureras, por lo que se propone la prisión preventiva por estar relacionadas ambas prácticas.

Con ello, se buscará proteger a los trabajadores que son los más perjudicados, ya que al utilizar la subcontratación laboral, muchas empresas retienen el impuesto sobre la renta (ISR), pero no lo entregan al fisco o los registran con un sueldo menor para no pagar completo el gravamen.

Así, se crea un círculo vicioso que abarca varios temas: De la precarización laboral a una limitadísima recaudación fiscal. Cabe recordar, en ese sentido, que México sólo recauda el 16 por ciento, siendo el país de la OCDE que menos recursos capta por ese concepto.

Un panorama de desigualdades

López Obrador señaló que este modelo fomenta la evasión de impuestos y defraudación fiscal, deja menos recursos para garantizar servicios públicos y que la evasión de cuotas del IMSS afecta la calidad de los servicios de salud; lo mismo pasa con la evasión de cuotas al Infonavit, que se traduce una reducción en los créditos de vivienda.

También, las malas prácticas en la subcontratación, generan una competencia desleal entre empresas, al abaratar artificialmente el costo de la mano de obra, tanto por lo que pagan al trabajador como por la evasión de impuestos y cuotas de seguridad social.

De un total de 27.1 millones de personas empleadas en alguna empresa, el 18.9 por ciento  pertenecía al sector informal, es decir, que no contaba con un contrato con la empresa. De este porcentaje, el 79.5 por ciento era personal no remunerado, mientras que la remuneración promedio anual bajo estas condiciones fue de 44 mil pesos, cuando en la formalidad alcanza los 133 mil 968 pesos en ingresos por año. De un total de 4.8 millones de establecimientos, el 63 por ciento es informal.

Estas cifras tomadas del Censo económico realizado por el Inegi en 2019, expone las desigualdades laborales que se viven en México. Para el abogado Raúl Gutiérrez, esta medida es un paso adelante en la búsqueda de una justicia laboral que venía siendo depredadora de los derechos del trabajador.

“Desde la reforma laboral, el trabajador en México ha venido perdiendo derechos y voz, es una medida compleja porque se tienen que reformar muchos artículos de la propia Constitución, pero que en espíritu es positivo”, señaló.

Una medida que genera tensiones

Esta iniciativa es el tipo de acciones que se esperan de un gobierno que se autodefine de izquierda, sin embargo, como todo en la realidad, hay matices. La decisión no ha estado exenta de generar tensiones y polémicas, en especial, de los grupos empresariales.

Para Arturo Fernández Díaz González, dirigente de Coparmex Sonora Norte, esta medida, por el contexto de pandemia y de pérdida de miles de empleos derivada de la misma, es cuestionable.

““Nosotros vemos grandes riesgos en estas decisiones que se toman de parte del gobierno federal porque nos encontramos en un momento en el que necesitamos priorizar la reactivación económica, la generación de empleo, la recuperación de la confianza para atraer inversión no solo nacional sino también extranjera”, señaló el dirigente de Coparmex Sonora Norte.

Presidente de Coparmex Sonora Norte

Para el economista, Carlos Castañeda, la regulación del outsourcing es una prioridad pero necesita de tener un cuerpo argumentativo y logístico sólido.

“Estamos ante un modelo que ha echado raíces y por ende, es difícil desarraigar de tajo, creo que deberá ser progresiva y sobre todo, que es uno de los grandes debes de esta administración, ir acompañada de una iniciativa de ley fiscal progresiva”, señaló.

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