ONU pide paz al gobierno de Birmania después de 18 muertes en protestas

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ONU pide paz al gobierno de Birmania después de 18 muertes en protestas

La Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, instó al retorno de la democracia en Birmania; la policía y militares se han enfrentado con los militares tras el golpe de Estado ocurrido el pasado 31 de enero.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) denunció que al menos 18 personas han muerto y 30 han sido heridas en la represión policial y militar de las protestas pacíficas contra el golpe de Estado en Birmania de este domingo y reclamó el retorno de la democracia.

“En varios lugares en todo el país, fuerzas policiales y militares se han enfrentado a manifestaciones pacíficas utilizando la fuerza letal”, denunció hoy en un comunicado la Oficina de la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos, Michelle Bachelet.

Según las informaciones recogidas por este organismo, las muertes han ocurrido como resultado de los disparos contra manifestantes en Rangún, Dawei, Mandalay, Bago, Pokokku y Myeik.

El golpe de Estado ha desatado la indignación de la población en el país asiático.

En la represión también se uso gas lacrimógeno y distintos dispositivos para aturdir a los manifestantes en la jornada de mayor violencia desde que el pasado 1 de febrero la Junta Militar retomara el poder y empezara una cruenta persecución de los integrantes del gobierno civil derrocado, gran parte de los cuales están detenidos.

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Entre ellos está Aung San Suu Kyi, líder de la Liga Nacional para la Democracia, partido que gobernaba el país desde 2015 y que ganó ampliamente las últimas elecciones generales en noviembre pasado, cuya limpieza y transparencia fueron corroboradas por observadores internacionales.

La oficina de Bachelet afirmó que solo hoy se han detenido al menos 85 profesionales médicos, estudiantes y siete periodistas que estaban en las protestas. En el mes de manifestaciones se calcula que más de mil personas han sido detenidas de forma arbitraria e ilegal, y que entre ellos hay varios responsables políticos, activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil, periodistas y profesionales médicos.

Algunos de los detenidos están en paradero desconocido, un hecho identificado como crimen de desapariciones forzadas. Pese a que el país tenía un gobierno civil, los militares se habían reservado buena parte del poder y puestos claves en el gobierno antes de empezar a ceder el poder.

Una vocera de Bachelet denunció que desde el golpe de Estado las fuerzas de seguridad han ido aumentando sus ataques contra la oposición y los ciudadanos que salen por decenas de miles a las calles en distintas ciudades del país para expresar su rechazo a la asonada militar y exigir la libertad de los presos políticos.

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