Niegan acceso a la carpeta de investigación a a García Cabeza de Vaca

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Niegan acceso a la carpeta de investigación a a García Cabeza de Vaca

La juez Rosa María Cervantes Mejía, titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo, negó ordenar a la FGR que le permita al gobernador de Tamaulipas, acceso y copias de la carpeta de investigación en su contra.

Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Foto: Cuartosocuro.

El Juzgado Decimosegundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta capital rechazó otorgarle una suspensión definitiva al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, para que la Fiscalía General de la República (FGR) se abstenga de ejercer acción penal o solicitar orden de aprehensión en su contra por delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal.

El gobernador de Tamaulipas interpuso un recurso de queja contra la negativa, por lo que el caso se turnará a un tribunal colegiado, quien determinará si confirma, modifica o revoca el fallo.

La juez Rosa María Cervantes Mejía, titular del Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo, negó ordenar a la FGR que le permita al gobernador de Tamaulipas, acceso y copias de la carpeta de investigación en su contra.

En febrero la fiscalía solicitó a la Cámara de Diputados iniciar un juicio de procedencia contra Francisco García Cabeza de Vaca, por la probable comisión de los delitos mencionados. La solicitud ante la cámara para el desafuero del gobernador tiene su origen en una investigación conjunta del Ministerio Público Federal y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

En su resolución, la impartidora de justicia sostuvo que es improcedente otorgar la medida cautelar, ya que ello implicaría dar efectos restitutorios que son propios de la sentencia que se llegue a dictar en el juicio de amparo promovido el 12 de marzo pasado.

Añadió que otorgar la suspensión sin tener la certeza que el promovente de amparo tiene el carácter de imputado en la carpeta, puede implicar una violación a disposiciones de orden público, como la secrecía de la investigación y los registros que obran en la indagatoria, los cuales deben permanecer en resguardo.

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