La 4T invisibiliza a Sonora

Política

La 4T invisibiliza a Sonora

Sonora no recibió ni un peso de los 8 mil millones solicitados para obras públicas

“Ahí le encargo algún recurso, señor presidente, lo que se pueda para mis 72 municipios, poquito porque son chiquitos, lo que caiga es bueno, lo que ustedes decidan”, solicitó la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano al presidente Andrés Manuel López Obrador durante su visita a Hermosillo en octubre de 2020. Dicha petición fue criticada por personajes de la política de Sonora, pues consideraron que Pavlovich “limosneó” recursos y le faltó carácter ante el presidente para exigir lo que el estado necesita.

Ricardo Bours Castelo, candidato a gobernador por el Movimiento Ciudadano, calificó de penosa la solicitud de la gobernadora y le solicitó que “hay que exigir lo que nos corresponde a Sonora, no suplicar ‘poquito porque son chiquitos, lo que caiga es bueno’”, mientras Kiko Munro, alcalde de Puerto Peñasco, le pidió a Claudia Pavlovich exigir al Gobierno de México  las obras que Sonora necesita y no solicitar caridad.

Lo cierto es que, a pesar de la polémica generada, la petición de Claudia Pavlovich refleja una realidad; Sonora ha sido borrado por el gobierno encabezado por López Obrador, pues no existen proyectos concretos en la región para el beneficio económico y social.

En los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto las aportaciones federales a Sonora aumentaron 71%, crecimiento que desaceleró drásticamente con la entrada de la Cuarta Transformación, pues los 24 mil 817 millones aprobados para 2021 reflejan un incremento de 11% en los recursos destinados al estado desde 2018, un ritmo seis veces menor al de la administración pasada. 

Al poco incremento presupuestal para el estado, Ernesto Munro Palacios, presidente del Partido Acción Nacional, le suma la inflación y la depreciación del peso ante el dólar y vislumbra un futuro poco favorable para las obras públicas.

“Combinar la inflación con el ligero deterioro de la moneda y el nulo incremento del presupuesto federal resulta difícil para cualquier estado. Estamos en una mala situación si  pensamos que Sonora puede tener obra pública cuando el presidente no ha incrementado el presupuesto ni las obras”, aseguró el panista, quien también responsabilizó a los diputados y a la gobernadora por no oponerse a las voluntades del mandatario.

Y aunque Andrés Manuel López Obrador declaró en octubre que apoyarán al estado en lo que necesiten  “como es el caso de Hermosillo, para la pavimentación de las calles; vamos también a apoyar a Cajeme; los ocho pueblos yaquis se van a arreglar, se va a mejorar la infraestructura”, de los 8 mil 900 millones para obras públicas solicitados para 2020 por el gobierno de Claudia Pavlovich a la federación, Sonora no recibió ningún peso. 

“Creo que al presidente le gusta controlar los recursos para tener el control político de los estados. Han habido gobernadores que se han quejado y el presidente se ha victimizado, pero los gobernadores hacen uso de su dignidad, recordando que los estados son autónomos. Lo que pasa es que la gobernadora no protesta, no ha querido formar parte  del bloque de gobernadores hartos de la actitud autoritaria del presidente, quien prefiere ejecutar las pocas obras a través de él con adjudicación directa”, exclamó Munro. 

El economista e investigador Alejandro Romero Ayala detalla que el Gobierno de México ha reducido el presupuesto a los estados y municipios para tener el control de los recursos y las obras y considera que el gobierno de López Obrador administra con una política económica centralista, algo perjudicial para Sonora,

“Yo diría que es una visión centralista de este gobierno que busca ejercer la rectoría económica. Los recursos que tradicionalmente manejaban los estados los está absorbiendo el gobierno federal”, comentó el especialista. 

Romero recuerda que, a pesar de que Sonora es el estado con las mineras más productivas del país, la 4T desapareció a finales de 2020 el Fondo Minero y el presupuesto destinado para apoyar la infraestructura y las condiciones de vida de las comunidades donde se realiza esta actividad fue absorbido por la Secretaría de Educación Pública.  

“La idea original del Fondo Minero era que los recursos obtenidos por el cobro de los derechos mineros se empleara para las comunidades con esta actividad y Sonora era uno de los principales beneficiarios, pero este gobierno quitó el fondo y se lo dio a la SEP para repartirlo en los 32 estados”, explicó Alejandro Romero y calificó de innecesario el cambio, pues la administración federal argumentó que este subsidio se destinará a las escuelas del país, cuyo funcionamiento está detenido por la pandemia.

Para Arturo Fernández Díaz-González, presidente estatal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), dos acciones de López Obrador han afectado las inversiones en México y Sonora: decidir con una consulta el futuro de un proyecto transnacional como la planta de Constellation Brands en Mexicali, Baja California, y manifestar una postura crítica a las energías denominadas limpias.

“Consideramos muy importante un episodio como el que vivimos en Mexicali, aunque no es Sonora, se puso en entredicho una inversión muy importante sometiendola a una consulta popular y eso resta credibilidad, confianza y el ánimo para invertir”, pero espera que Joe Biden, nuevo presidente de Estados Unidos, ejerza más presión sobre el gobierno de México para proteger las inversiones estadounidenses en el país y en especial en Sonora, una región con gran vínculo económico con Arizona y otros estados de la unión americana.

El empresario también considera que la política energética de la 4T trunca el potencial de Sonora como productor de energía. A pesar de que un estudio presentado por el Laboratorio Nacional de Sistemas de Concentración y Química Solar indicó que con la radiación del sol recibida en Sonora es suficiente para dotar de energía a todo el país, el gobierno federal ha apostado por Pemex y las energías combustibles.

“Sonora es un punto de irradiación solar de los más importantes en el mundo. Es una industria con mucho potencial de crecimiento afectada por la reforma energética del presidente López Obrador”, lamenta Arturo Fernández.

Otro tema que causa ruido es el de seguridad. Cuando AMLO era candidato a presidente prometió acabar con la guerra contra el narco en tres años y a unos meses de que se cumpla su plazo, no parece haber una estrategia de seguridad sólida en su gobierno para Sonora. 

Mientras entidades como Tamaulipas, Jalisco y Guerrero han disminuido sus cifras anuales de homicidios intencionales, Sonora es el estado con mayor incremento de este crimen con un crecimiento de 72% en los primeros años de gobierno de AMLO, muy lejos de Michoacán, segundo lugar de la lista. Tan sólo en 2020 mataron a mil 329 personas en Sonora, cifra mucho mayor a los 745 registrados en 2018.

Por eso, a Ernesto Munro le parece irónico que Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad Pública en los primeros dos años de la Cuarta Transformación, sea el candidato a gobernador de Sonora cuando el estado tuvo las peores cifras a nivel nacional de incremento de homicidios durante su gestión y calificó su designación como “una medida autoritaria del presidente que es quien gobierna a Morena”.

“Morena es un partido vertical, todas las candidaturas son las que el presidente palomea y la democracia que ellos practican no es participativa , su democracia es sin estudiar el perfil. Así eligieron a Durazo”, detalló quien fuera secretario de seguridad estatal en el gobierno de Guillermo Pádres.

En su visita más reciente al estado, la décima en lo que va del sexenio, el presidente inauguró en Moctezuma el quinto de los ocho cuarteles que la Guardia Nacional tiene contemplados en el estado. Sin embargo, Emilio Hoyos Díaz, presidente del Observatorio Sonora por la Seguridad, considera que el despliegue de tropas no es suficiente si no se combate la impunidad criminal.

“Desde que se anunció la Guardia Nacional, comentamos que no hay guardia que alcance para resolver el problema si seguimos fomentando la impunidad al no haber resolución de casos. El crimen organizado no aparece sólo, se va fomentando y todas las autoridades tienen un grado de responsabilidad”, declaró Hoyos.

Para el empresario y analista Oscar Serrato, la última visita del presidente lo decepcionó, pues esperaba que se abordara temas relevantes para el estado y considera que sólo fue una visita para apuntalar a Morena en las elecciones venideras

“En este simbolismo de campañas y precampañas, vemos que el presidente vino a hacer campaña y a hacer política. El que lo haga de manera partidista, hablando del pasado y evadiendo el presente es peligroso”, expresa Serrato, haciendo énfasis en el “ no somos iguales” del discurso del presidente para referirse a las anteriores administraciones.

El presidente estatal del Movimiento Ciudadano, Carlos León, se enfoca en el tema de salud al hablar de la actual administración, pues considera que esto ha desencadenado otros conflictos en el ámbito social, económico y hasta político y afirma que no solamente le han fallado a Sonora, si no a todo México al tomar decisiones.

“Es frustrante y desesperante el actuar del gobierno federal en el tema de la pandemia, una crisis de salud que ha provocado la vida de más de 170 mil personas oficiales, aunque estamos seguros que son cuatro o cinco veces más. Es una crisis sanitaria que se volvió económica, social y política por las malas decisiones”, sentenció el líder del MC.

También parece haber quedado en el olvido el derrame de 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico en los ríos Sonora y Bacanuchi y las múltiples promesas de López Obrador de atender a los afectados y obligar a Grupo México a responsabilizarse por los daños ocasionados. 

Los Comités de Cuenca del Río Sonora denuncian no tener una postura clara de las autoridades para que remedien y hagan justicia por el desastre ecológico, además de que la Unidad de Vigilancia Epidemiológica y Ambiental del Estado de Sonora (UVEAS) prometida para atender a los afectados sigue en obra negra.

“Hemos recibido en nuestras casas a la Semarnat, a la Conagua, al Insabi, a la Secretaría de Salud, a la Cofepris, y a la Profepa. Los hemos escuchado atentamente y hemos tomado nota de todos los compromisos que han hecho con la gente del río y ninguno ha cumplido”, denuncian los afectados.

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