Procuración de justicia, un grave rezago en Sonora

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Procuración de justicia, un grave rezago en Sonora

El 16 de mayo de 2020, mientras Rosalia Yazmín Duarte Canevett caminaba sobre el bulevar 16 de septiembre, en Empalme,Sonora, […]

Cartuchos útiles par arma de fuego.

El 16 de mayo de 2020, mientras Rosalia Yazmín Duarte Canevett caminaba sobre el bulevar 16 de septiembre, en Empalme,Sonora, un desconocido le pidió ayuda, asegurando que su motocicleta se había averiado. Al acercarse para apoyarlo, el sujeto le exigió a la estudiante del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson) que le entregara su celular, la subió al vehículo de dos ruedas y la llevó a la fuerza hasta las vías del tren, localizadas a las afueras de la ciudad. Ahí, el agresor arrancó la blusa de Yazmín, la golpeó y la intentó asfixiar.

La joven de 24 años logró huir del atacante y los meses pasaron sin que las autoridades dieran con él. Cansada de la nula respuesta jurídica a su caso y a otros similares, el 16 de agosto, Rosalía hizo pública su vivencia. “He visto muchos casos, se me hace tan injusto de cómo te pueden quitar la tranquilidad y sentirte tan insegura en la calle”, escribió en su cuenta de Facebook. La denuncia de Rosalía causó revuelo en redes sociales, sin saber que compartir la agresión de la que fue víctima le costaría la vida. 

Los homicidios fueron cometidos de enero a octubre, sin embargo el mes de agosto registró el mayor número de crímenes, con nueve casos.
Empalme y Guaymas siguen considerados los municipios con mayor vulnerabilidad de la población ante actos como el asesinato. Foto: Internet.

Dos semanas después, por la mañana del 31 de agosto, la estudiante del Itson instalaba a las afueras de su casa, ubicada en la colonia Guadalupe Victoria, el puesto de alimentos con el cual solventaba sus gastos, cuando dos hombres armados llegaron en una motocicleta y, sin mediar palabra, la asesinaron frente a su familia. 

A más de medio año del asesinato de Rosalia y a uno de su agresión, ninguno de los responsables ha sido detenido.

Casos como el de la joven empalmense demuestran que hacer valer la justicia para los sonorenses es misión imposible en un estado donde ser víctima de un delito convierte al ciudadano en presa, no sólo para la corrupción de las autoridades, sino también por la prevalencia de un sistema que no procura justicia, ni vela por los intereses más elementales de la ciudadanía.

Los funcionarios fueron vinculados a proceso por abuso de autoridad y delitos cometidos en la administración de justicia
La atención a víctimas de la violencia, sigue siendo asignatura pendiente para las autoridades de los gobiernos estatal y federal. Foto: Internet.

Y es que la autoridad judicial no cuenta con las herramientas, recursos, ni personal capacitado suficiente, en gran medida por un descuido sistemático de los diferentes gobiernos que han invertido muy poco, en comparación con otras entidades, en un sistema de justicia precario que no es capaz de hacerle frente a la ola de violencia que crece en la entidad. 

Impunidad, detonante de la violencia

En Sonora, la crisis de violencia e impunidad sigue en aumento. El 2020 superó al 2019 como el periodo más violento en la historia del estado. El año pasado cerró con mil 742 asesinatos intencionales y con una tasa de homicidios de 48 por cada cien mil habitantes. Esto quiere decir que si Sonora fuera un país independiente, sería el segundo con la mayor incidencia de homicidios a nivel mundial, tan solo detrás de El Salvador con 52, según datos del Banco Mundial.

La tasa de asesinatos se recrudece al enfocarnos en Ciudad Obregón, entidad que ocupó en 2020 el cuarto lugar dentro del listado de las 50 ciudades más violentas del mundo con población superior a 300 mil habitantes, del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., al registrar una incidencia de 101.13 homicidios dolosos por 100 mil habitantes.

Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio Sonora por la Seguridad, asegura que el problema latente de la violencia en el estado es a causa de la crisis de las instituciones y la baja resolución de las carpetas de investigación y explica que “el crimen organizado se va fomentando desde lo local y se recrudece ante al no haber resolución de casos”.

Sobre la persecución del feminicidio, delito considerado como la formas más grave de violencia contra la mujer en 2013, Silvia Núñez Esquer, activista del Observatorio Nacional del Feminicidio, revela irregularidades al catalogar de esta forma los asesinatos de mujeres, impidiendo que se castigue adecuadamente a los agresores. La también periodista se dice preocupada por el hecho de que de los 87 asesinatos de mujeres registrados en 2020, solamente 31 hayan alcanzado el grado de feminicidio.

Silvia Núñez manifiesta que las autoridades no hacen valer las garantías de seguridad, pues existen dificultades para denunciar y dar seguimiento a las acusaciones de las víctimas y sus acusaciones tienden a ser minimizadas, pues “hay desinterés del ministerio público y las autoridades en dar seguimiento a otros casos. Delitos como amenazas y agresiones físicas, muchas veces clasificadas como culposas, pueden ser indicios de que el agresor es un potencial feminicida y no se atienden a tiempo”.

De acuerdo con datos de la organización Impunidad Cero, Sonora se ubica en los últimos lugares a nivel nacional en porcentaje de impunidad de homicidios dolosos, con 80.6 por ciento.

El estudio “Impunidad en homicidio doloso y feminicidio: Reporte 2020” arrojó que, de los mil 062 homicidios cometidos durante 2019 Sonora, solamente 285 llegaron a los juzgados y, de ellos, 22 fueron absueltos.Esto quiere decir que ocho de cada diez asesinos no recibieron su castigo.

En el caso de los feminicidios, la organización reveló que la impunidad para este delito es del 42 por ciento, pues solamente 24 de 41 agresores recibieron una sentencia condenatoria.

Otro punto importante al que el sistema de seguridad no le ha podido dar solución en Sonora es a la localización de personas desaparecidas. De las 6 mil 537 personas reportadas por la Comisión Nacional de Búsqueda como extraviadas dentro del estado, solamente 36 por ciento fueron encontradas, muy lejos del 59 por ciento nacional.

La ineficiencia de las autoridades para resolver sus denuncias y la desesperación de saber el destino de sus seres queridos han llevado a que varias mujeres se agrupen y, con sus propios recursos, recorran el estado para encontrar, aunque sea, los restos de sus desaparecidos.

Recursos insuficientes para la impartición de justicia

Juan Antonio Le Clercq Ortega, coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de Las Américas Puebla (UDLAP), determina que la impunidad, se genera a partir de la desigualdad social. “Hay una correlación que nos hace pensar que quienes tienen ingresos y posiciones sociales más altas tienen también un mejor acceso a estos bienes públicos”, explica.

El especialista aclara que también hay otros factores claves en los altos índices de impunidad como la corrupción y un débil sistema de procuración de justicia, rubros en los que Sonora se encuentra peor evaluado a nivel nacional.

De acuerdo al Índice de Competitividad Estatal 2020 realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), Sonora es la entidad con mayor incidencia de corrupción. El estado reportó 61 mil 652 actos de estos actos por cada 100 mil habitantes lo que significa 2.4 veces más que el promedio nacional.

Además, Sonora es de las entidades con más carencias en los recursos humanos dentro de las instituciones de seguridad pública y justicia. Según el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, el estado tiene menos de tres agentes del ministerio público por cada 100 mil personas, la segunda tasa más baja de México.

En esa misma línea se encuentran los servicios periciales, que son fundamentales para la investigación de los delitos. Y es que, los peritos tienen la capacidad de proveer evidencia científica que posibilita que los ministerios públicos cuenten con elementos sólidos para identificar a los probables responsables de la comisión de un delito.

En ese indicador, el estado de Sonora queda casi inhabilitado, pues al cierre de 2019 contaba con apenas 2.8 peritos por cada 100 mil habitantes, cifra que casi es duplicada por el promedio nacional, cuya tasa es de cinco.

En 2019, las fiscalías del país tenían 12 mil 572 policías ministeriales, investigadores o judiciales, según la información presentada en el Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal del Inegi (CNPJE) de 2020, lo que resulta en una tasa de 8.2 policías investigadores por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, Sonora es uno de los siete estados que no cuenta con estos elementos, a pesar de estar entre los primeros diez con más delitos de alto impacto.

Darbé López Mendívil, vicepresidente de la Barra Sonorense de Abogados, menciona que la falta de personal especializados conlleva a que se hagan investigaciones de manera rudimentaria y empírica, sin la aplicación de un verdadero método científico que pueda brindar resultados óptimos.

Otro problema en el estado es la escasez de infraestructura para la procuración de justicia. Mientras en entidades como Chihuahua hay 29.4 ministerios públicos por cada 100 mil habitantes, Sonora apenas suma 6.3, muy lejos del promedio nacional de 9.6.

En cuanto a unidades de la Fiscalía General, Sonora registra una tasa de 0.8 por cada centena de millar de ciudadanos, casi la mitad del 1.2 nacional y muy lejos de los 3.9 que hay en Aguascalientes.

López Mendivíl atribuye a la falta de presupuesto como uno de los principales detonantes de la impunidad en Sonora, ya que estados como Durango, Baja California y Chihuahua reciben mayor cantidad de recursos y han logrado mejorar su impartición de justicia.

“Mucho de lo que alimenta la impunidad es la falta de atención, hecho que desincentiva a la ciudadanía, no solamente a que denuncie, sino que coopere, que apoye y que aporte datos. Todo inicia, creo yo desde la política presupuestal”, explica el abogado,

Darbé López Mendívil. Barra de Abogados del Estado de Sonora.

Pese a la situación de violencia e impunidad, el presupuesto de seguridad aprobado en Sonora disminuyó 9.9 por ciento, al pasar de 2 millones 463 mil 076 pesos en 2020 a 2 millones 219 mil 209 pesos para 2021.

“No podemos olvidar a las instituciones que los sonorenses hemos construido, por lo que no hay futuro para una sociedad sin instituciones con recursos suficientes”.

Manuel Hoyos.

Puntos importantes: 

  • Ocho de cada diez homicidios quedan impunes
  • Sonora es uno de los siete estados sin policías de investigación
  • Segundo estado con menos agentes del ministerio público por habitante
  • 9.9 por ciento recortaron al presupuesto de seguridad en 2021
  • 1 de cada 3 asesinatos de mujeres fue catalogado como feminicidio
  • 63 por ciento de las personas extraviadas no han sido localizadas

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