Caso Lozoya

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Caso Lozoya

En agosto 2017, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) pidió a Emilio Lozoya Austin, quien en 2016 había […]

En agosto 2017, la extinta Procuraduría General de la República (PGR) pidió a Emilio Lozoya Austin, quien en 2016 había dejado la dirección de Petróleos Mexicanos (Pemex) que asumió en 2012, presentarse a declarar sobre las investigaciones que se abrieron en su contra por las acusaciones de haber recibido sobornos de la constructora brasileña Odebrecht.

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Hasta los últimos meses de 2018, cuando acabó el mandato de Peña Nieto, las autoridades correspondientes no habían recibido ninguna prueba documental que ligara a Emilio Lozoya con las declaraciones juradas ante el Poder Judicial del Brasil contra el exdirector de Pemex y retomadas por algunos medios de comunicación.​ Incluso, Lozoya tramitó dos amparos en ese año ante el Poder Judicial de la Federación para evitar que se hiciera público el expediente de su investigación. El exfuncionario argumentó en ese entonces que difundir el archivo sería una transgresión a su derecho a la privacidad.

Fue hasta mayo de 2019, ya con una nueva administración federal, que la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a Lozoya por diez años para ocupar cualquier puesto en la administración pública. Las autoridades determinaron que había mentido en su declaración patrimonial, en la que escondió una cuenta bancaria. Asimismo, la recién creada Fiscalía General de la República (FGR) para suplir a la PGR, se centró en investigar los sobornos que Odebrecht habría realizado durante los casi cuatro años que dirigió Pemex.

Días después se giró una orden de aprehensión en su contra y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ordenó cancelar sus cuentas de quien en ese entonces ya era un prófugo de la justicia. En septiembre de 2019 se reveló que Lozoya Austin se encontraba en Alemania, pero se desconocían detalles de su ubicación.

Hasta el 12 de febrero de 2020 la policía española logró detenerlo en Benahavís, provincia de Málaga, y cinco meses después se anunció que Emilio Lozoya aceptó ser extraditado a México, saliendo de la prisión de Madrid el 16 de julio de ese año para regresar a ser juzgado por las leyes mexicanas bajo la figura de testigo colaborador.​ 

Ya en México, fue juzgado por los sobornos que la constructora Odebrecht realizó durante su periodo como director de PEMEX y el 28 de julio de 2020 fue vinculado a proceso por el juez de control José Antonio Zúñiga por la realización de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, el juez dictaminó que no era necesaria la prisión preventiva ni el resguardo domiciliario durante el proceso contra Emilio Lozoya y como única medida cautelar le ordenó portar un brazalete electrónico.

​Odebrecht y Agronitrogenados, las cruces de Lozoya

Lozoya fue acusado por tres exdirectivos de la constructora brasileña Odebrecht de recibir alrededor de 10 millones de dólares en sobornos entre 2012 y 2016 para ganar contratos de obras públicas que les generaron beneficios por más de 39 millones. Pese a que México recibió una cantidad menor en sobornos de la empresa comparado con países como Brasil, Venezuela, Argentina o Perú, entre otros, algunos de estos pagos coinciden con la campaña electoral que le devolvió al PRI la presidencia en 2012 y con la reforma energética aprobada en 2013.

Los 10 millones de dólares en sobornos señalados por los tres exdirectivos de Odebrecht penetraron en múltiples niveles al poder político en México, involucrando a tres presidentes, gobernadores, exgobernadores y legisladores federales, entre otros funcionarios, a los que se suman empresarios y compañías –tanto reales como fachada– ligadas a una compleja trama en lo que parece ser un esquema de corrupción transexenal que implicó diversos pagos a funcionarios, pero que en su mayoría corresponde a pérdidas directas al patrimonio nacional como consecuencia de las decisiones tomadas por este fraude.

Lozoya formaba parte del consejo de administración de la constructora OHL, cargo al que renunció para incorporarse de lleno a la campaña de Peña Nieto y posteriormente como coordinador de asuntos internacionales durante el período de transición. 

Lozoya también carga con la responsabilidad de dar el visto bueno para que, en 2014, Pemex adquiriera a sobreprecio una planta “chatarra”, pese a las advertencias de que era un mal negocio para el país. En ese año, la petrolera compró a Altos Hornos de México la procesadora Agronitrogenados, cuyas operaciones llevaban 14 años paradas, y también Grupo Fertinal, por un monto de 11 mil millones de pesos.

El entonces directivo de Pemex argumentó la compra como una forma de estimular la industria de los fertilizantes. Con el paso del tiempo, investigaciones periodísticas y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revelaron que esas adquisiciones habían sido un fiasco. Y no solo eso, sino que además la compra de Agronitrogenados era parte de un tinglado de transferencia de recursos a empresas fuera del país, utilizadas por Odebrecht para su esquema de sobornos.

La lista negra

Emilio Lozoya ha ofrecido a la justicia mexicana colaborar dando información sobre la presunta implicación de sus superiores jerárquicos en distintas tramas de corrupción a cambio de reducir las posibles sentencias en su contra. Como testigo colaborador informó que la cantidad de dinero recibida era mayor a la revelada y señaló de manera formal al expresidente Enrique Peña Nieto y a su secretario de Hacienda, Luis Videgaray, de usar alrededor de 4.4 millones de dólares del caso Odebrecht para contratar asesores internacionales durante la campaña presidencial de 2012, 5.3 millones para comprar el voto de cinco senadores y un diputado a favor de la reforma energética, así como 8.9 millones dirigidos a la reforma electoral de 2014.

El 11 de agosto de 2020, Emilio Lozoya presentó formalmente su denuncia ante la Fiscalía General de la República ante la cual acusó al menos a 16 políticos, un secretario particular, una periodista y hasta un medio de comunicación de haber cometido los delitos de abuso de autoridad, enriquecimiento ilícito, extorsión, cohecho, operaciones con recursos de procedencia ilícita y tráfico de influencias, entre otros.

Además de Luis Videgaray y Enrique Peña Nieto, dos expresidentes más fueron acusados por Lozoya Austin. Se trata de Carlos Salinas de Gortari, a quien señaló de ser el “comisionista y cabildero del PAN’’ y a Felipe Calderón de sentar las bases de la red de corrupción que se consolidó el sexenio siguiente, al entregarle una concesión de 20 años con un descuento mayor al 25 por ciento a la empresa brasileña Braskem para explotar el etano nacional.

En la lista de Lozoya también destacan los dos principales candidatos que compitieron por la presidencia contra Andrés Manuel López Obrador en 2018, José Antonio Meade y Ricardo Anaya Cortés. Al primero, quien fue secretario de Energía con Felipe Calderón y de Hacienda, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social con Peña Nieto, lo responsabiliza junto al también exdirector de Pemex, José Antonio González Anaya, de conceder condiciones extraordinarias a Braskem para la planta de Etileno XXI, la cual vendía etano a Pemex.

A Ricardo Anaya, quien era diputado federal en el primer trienio de Peña Nieto y recientemente acusó una persecución política en su contra tras ser citado a declarar por la FGR, lo señala de haber recibido un soborno a través de su secretario particular, Osiris Hernández, a cambio de su voto para impulsar de la reforma energética que permitió la inversión privada en dicho sector. 

Además hay cinco senadores panistas y un priista acusados por Lozoya de haber aceptado sobornos para votar a favor de la reforma energética. Los señalados de Acción Nacional son Ernesto Cordero Arroyo, Francisco Domínguez Servién, Salvador Vega Casillas, José Luis Lavalle Maury y Francisco García Cabeza de Vaca, mientras el del PRI es David Penchyna Grub, todos habrían recibido el estímulo económico a través de del operador político Rafael Caraveo.

El único morenista en la lista es el actual gobernador de Puebla, Miguel Barbosa. En ese entonces era senador por el PRD y a cambio de no oponerse a la reforma energética le pidió a Lozoya, según su versión, la reubicación de su hermano de una oficina de Pemex en Guerrero a una en la Ciudad de México.

Otros acusados de recibir sobornos por Lozoya son los otros dos directores de Pemex durante el sexenio de Peña Nieto, Carlos Treviño Medina y José Antonio González Anaya, además de la periodista Lourdes Mendoza, del Financiero, a quien le habrían entregado una bolsa Chanel.

También Lozoya recalcó que el exgobernador de Veracruz detenido desde 2017 por asociación delictuosa y lavado de dinero, Javier Duarte, le habría regalado un Ferrari a Enrique Peña Nieto a cambio de su apoyo al gobierno veracruzano. El expresidente priista también habría recibido sobornos de Juan Armando Hinojosa Cantú, dueño del Grupo Higa, según el exdirector de Pemex.

Un día después del arresto de Lozoya, el López Obrador afirmó que en su Gobierno “no hay protección para nadie”, pero, a 19 meses, no hay muchas novedades en la investigación, un silencio que incomoda a la ciudadanía e irregularidades desde la llegada de Lozoya, como el hecho que no se puso a disposición de un Juez y que no se conoce el expediente médico en el que se le detectó anemia y con él evitó la cárcel.

En mayo de 2019, Alonso Ancira Elizondo, presidente de Altos Hornos de México, se convirtió en el primer detenido al ser asegurado por la Interpol en España. No obstante, el empresario recibió en agosto de 2020 un amparo definitivo y protección contra la orden de aprehensión por la prescripción de su delito y actualmente se encuentra fuera del país.

La madre de Emilio Lozoya, Gilda Austin, en julio de 2019, fue detenida en Alemania y extraditada a México cuatro meses después por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa por el caso Odebrecht. Pero, por su edad, lleva su proceso en prisión domiciliaria.

El único funcionario que se encuentra tras las rejas es el exsenador panista Jorge Luis Lavalle, detenido en abril de este año y privado de su libertad en el Reclusorio Norte por operaciones con recursos de procedencia ilícita, cohecho y asociación delictuosa.

Por su parte, Enrique Peña Nieto y Luis Videgaray, señalados por Lozoya como las principales cabezas en la red de corrupción, continúan libres y sin declarar. La única sanción es contra el exsecretario de Hacienda, a quien la Secretaría de la Función Pública inhabilitó por diez años para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público por mentir en sus declaraciones patrimoniales.

Sobre la inacción hacía Peña Nieto, algunos medios y periodistas especulan sobre un pacto con López Obrador, argumentando que el espionaje realizado con el programa Pegasus durante el gobierno del priista habría arrojado información incomoda contra el morenista. Incluso se dice que los videos donde se exhibe a dos de los hermanos del presidente recibiendo dinero para Morena en las elecciones de 2015, habrían sido filtrados por el expresidente.

10 millones de dólares entregó Odebrecht a Lozoya para ganar licitaciones.

Nombres de la lista negra de Lozoya:

Enrique Peña NietoExpresidente de México
Felipe Calderón HinojosaExpresidente de México
Carlos Salinas de GortariExpresidente de México
Luis VidegarayExsecretario de Hacienda
Javier García Cabeza de VacaExsenador, hoy gobernador
Francisco Domínguez ServiénExsenador, hoy gobernador
José Antonio Meade Exsecretario de Energía
Ricardo AnayaExpresidente del Congreso
Ernesto CorderoExsenador del PAN
Salvador Vega CasillasExsenador del PAN
Jorge Luis Lavalle MauryExsenador del PAN
David Penchyna GrubExsenador del PRI
José Antonio González AnayaExconsejero de Pemex
Carlos Treviño MedinaExfuncionario de Hacienda
Rafael CaraveoFuncionario del PAN
Lourdes MendozaPeriodista

Una vez establecida en el cargo y con el objetivo de afianzar su equipo de trabajo desde los primeros días, María Dolores del Río nombró a funcionarios que le acompañarán en el sexenio.

Así, tomó protesta a Mariela Yrene Vivas Ponce como Coordinadora Estatal de Servicios Previos al Juicio; como coordinador Estatal de Información a Heriberto Serrano Campos y coordinador Estatal de Administración, Evaluación y Control a Rodolfo Flores Hurtado, además estará como coordinador del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia Sonora el Capitán Benjamín González Caballero.

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