Anula 4T la división de poderes

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Anula 4T la división de poderes

El viernes 23 de abril, el Congreso de la Unión aprobó una controvertida ley para reformar el sistema judicial que […]

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto: Especial.

El viernes 23 de abril, el Congreso de la Unión aprobó una controvertida ley para reformar el sistema judicial que muchos han calificado como inconstitucional.La reforma pone muchas cosas en juego, la más controvertida es la extensión de la presidencia en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de Arturo Zaldívar, personaje cercano al presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que genera dudas sobre la autonomía que tendrá el Poder Judicial con estos cambios.

Diputados que votaron a favor, como el petista Gerardo Fernández Noroña, defendieron la medida por ser clave para el cumplimiento de los objetivos del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pero quienes se pronunciaron en contra señalaron el aparente riesgo que vive la democracia mexicana.

“Esta reforma significa atentar contra la división de poderes y los contrapesos institucionales que deben distinguir una auténtica república democrática, generaría una crisis institucional y sería el ejemplo de la autocracia, es decir, el gobierno de un solo hombre. “, arremetió el diputado del Partido Acción Nacional Juan Carlos Romero Hicks durante las cinco horas que se discutió el tema en el pleno. 

Incluso Porfirio Muñoz Ledo, un veterano de la izquierda mexicana y diputado de Morena, describe la aprobación de la ley como una “violación flagante, innecesaria y reversible a la constitución”.

Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dejado claro el panorama diciendo que nadie es mejor que Arturo Zaldívar para reformar el sistema judicial que le permita cumplir con la agenda política de la Cuarta Transformación, sobre todo en el combate contra la corrupción y el nepotismo.

“Hace falta la reforma al poder judicial y sí encabeza la reforma el presidente de la suprema corte, el ministro Zaldívar, hay posibilidades de que se avance, porque, desgraciadamente, está muy mal el Poder Judicial.

Arturo Zaldívar, quien también funge como presidente del Consejo de la Judicatura, lo que lo faculta para nombrar, sancionar o destituir a jueces y magistrados,  aclaró que no busca ampliar su periodo al frente de la Corte y que no tuvo nada que ver en la decisión tomada por los legisladores, pero aceptará el dictamen aprobado, el cual dará vida a una reforma judicial “de gran calado y envergadura, la más trascendente desde 1994” y que permitirá tener un Poder Judicial renovado y fortalecido.

“Tengo que ser extraordinariamente respetuoso de los cauces institucionales, la Constitución establece sus propios medios de defensa y de control, y a ellos debemos atenernos todos. Sería irresponsable de mi parte que por hacer caso al clamor popular de cierto sector y querer quedar bien como una especie de héroe que se inmola, actuar con irresponsabilidad. Como presidente de un poder, tengo la obligación de respetar la división de poderes y de no abonar a la confrontación del país”.

Arturo Zaldivar. Presidente de la SCJN.

Puntos claves de la reforma

Inicialmente la extensión de mandatos no era parte de la reforma, pero de última hora se introdujo un artículo transitorio que alarga la presidencia de Arturo Zaldívar de 2022 a 2024 para coincidir con el fin de sexenio de Andrés Manuel López Obrador.

El cargo del Ministro Presidente no es el único extendido, también a cinco integrantes del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se les alargó la permanencia en el puesto hasta 2026.

La reforma también hará un tribunal “más constitucional” que solamente se encargue de casos más importantes o con mayor trascendencia, reduciendo la carga de trabajo de los magistrados.

La nueva normativa creará una Escuela Federal de Formación Judicial y una renovación de la carrera judicial en la que habrá concursos de oposición “para todas las categorías”, una medida que busca erradicar el nepotismo y el influyentismo y capacitará a los jueces para contar con un perfil más cercano y sensible.

Además se creará el servicio de defensoría pública para impulsar un perfil de defensores que sean “verdaderos abogados de los pobres”.

¿Hacia un nuevo presidencialismo?

Para evitar que una sola persona o un solo grupo tome todas las decisiones gubernamentales en el país y tener un equilibrio en el poder, la Constitución Mexicana divide la administración en tres Poderes Federales.

El primero se compone por los diputados y senadores, se le conoce como Poder Legislativo y su función es elaborar las leyes. El segundo es el Poder Ejecutivo, ejercido por el presidente de la República, cuyo labor es cuidar que las leyes se respeten y gobernar de acuerdo con lo que dictan. Por último tenemos al Poder Judicial, encargado de impartir justicia a través de sus jueces y magistrados.

No obstante, la mayoría de legisladores de Morena en el Congreso de la Unión, quienes aprueban todos los proyectos del presidente López Obrador, y la reciente reforma al Poder Judicial, con la extensión del mandato para el que AMLO nombró a Zaldivar en 2019, ponen en tela de juicio la autonomía de los poderes ante el presidente de México.

El internacionalista José Miguel Calderón considera que el presidente está acabando con los contrapesos del Poder Ejecutivo a través de las reformas implementadas y compara su forma de gobierno con el presidencialismo del viejo priismo, “cuando el presidente era jefe del partido, y a través de él, controlaba a los otros poderes de la Unión”.

Por su parte Diego Valadés Ríos, jurista, politólogo y abogado de la Universidad Nacional Autónoma de México, explica que la Reforma Judicial trae cambios hechos de manera deliberada y que no ayudarán a conservar el respeto que se necesita tener entre los tres poderes de México.

“Dice que no se trata de una reelección, y eso es cierto, pero la Constitución dice que el presidente de la  Suprema Corte es elegido para un periodo de cuatro años y, por disposición de una ley, se está convirtiendo ese periodo en uno de seis años. La decisión, por tanto, de alterar el texto constitucional, es una medida deliberada y a la que denomino anticonstitucional”, profundiza el abogado.

Diego Valadés Ríos. Jurista, politólogo y abogado por la UNAM.

Organismos internacionales piden respetar la autonomía

El abogado peruano Diego García-Sayán Larrabure, Relator Especial para la Independencia de Jueces y Abogados de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), señaló a la cadena CNN que el poder político no debe intervenir en el poder judicial, particularmente en lo relacionado con los nombramientos de jueces o magistrados y pidió respeto para las atribuciones de cada poder y sus integrantes.

“Es un tema que permanentemente produce tensiones, hay otros países donde los nombramientos de magistrados están en el poder legislativo y por razones políticas se demora o se negocia para que se escoja a unas personas u otras, de manera que, con todo respeto que me merecen las evoluciones constitucionales de todos los países, la tendencia que se impulsa a mediano y largo plazo es que el poder político saque las manos”.

Diego García-Sayán Larrabure. Relator Especial ONU.

García-Sayán añade que el lucro político con los jueces y magistrados es algo muy común en todo el mundo y negativo para la impartición de justicia. Detalla que no existe un modelo global y preciso para despolitizar a este sector, pero el camino correcto es enfatizar al Poder Judicial desde una magistratura integrada por especialistas. 

“Todo este tema abre una herida en medio de una reforma judicial, que es muy importante en cualquier país y más en un país con las características, dimensiones y relevancia de México”.

Diego García-Sayán Larrabure. Relator Especial ONU.

El representante de la ONU espera que la Suprema Corte de Justicia de la Nación analice con rigor la reforma y su posible inconstitucionalidad, además de que las decisiones tomadas en este sentido no incrementen la polarización del país.

Por último, el abogado peruano adelantó que si la Reforma Judicial ve por los intereses de un gobierno y no por los del país, es muy probable que a largo plazo otra administración la derogue.

Desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Esmeralda Arosemena de Troitiño, comisionada y ex magistrada de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, cuestiona la modificación a la ley.

“Han dictado estándares muy claros y serios con respecto de cómo se garantiza la independencia judicial”, señala la jueza y pone en el dedo en la designación de magistrados y los tiempos de sus cargos que, considera, afecta directamente la autonomía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

Esmeralda Arosemena de Troitiño. Comisión Interamericana de DD.HH. ONU.

“Esto varía las condiciones y circunstancias de los que integran el sistema”, aclara Esmeralda Arosemena y agrega que la injerencia de otro órgano estatal en la asignación del presidente de la corte es preocupante porque se trata “de un encargo particular para el actual presidente”.

Buscarán impugnar

Los diputados del PAN, PRD y Movimiento Ciudadano revelaron que impugnarán el artículo transitorio Décimo Tercero que alarga la presidencia de Arturo Zaldívar hasta noviembre de 2024.

““Nosotros apelamos, en primer lugar, a la razón de los diputados, aunque no han dado mucha muestra los de la mayoría de ser muy razonables. Desde luego vamos, de entrada, a buscar promover la acción de constitucionalidad para frenar esta barbaridad”, adelantó José Elías Lixa, diputado de Acción Nacional.

El bloque opositor necesita que por lo menos 165 legisladores, equivalentes al 33 por ciento de la Cámara de Diputados, presenten la acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Otros organismos que pueden buscar la derogación al artículo transitorio Décimo Tercero son la Fiscalía General de la República, los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

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