“Es una obra que se hizo violando la ley”: César Quijada, sobre la presa Pilares

El investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Sonora, explicó que desde un inicio se lee notificó a la Comisión Estatal del Agua (CEA), que era necesario un proyecto de salvación arqueológica

Suspende INAH presa Pilares en vísperas de la visita de AMLO, - Foto: Internet

La visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a tierras sonorenses este 5 y 6 de agosto se da en un contexto complejo y con una larga lista de pendientes: La profunda inseguridad que aqueja a la entidad, el estancamiento económico, el bloqueo de carreteras, las demandas de la población Yaqui y se le han sumado las protestas de los Guarijíos por la construcción de la presa Pilares que pone en riesgo su territorio y su propia existencia.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) delegación Sonora, hizo un acto de autoridad de suspensión de la obra-que sería inaugurada por el mandatario federal- al ser violatoria de la Ley Federal de Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos.

César Quijada, investigador del INAH y coordinador del programa de protección técnica y legal de zonas arqueológicas de Sonora, señaló que desde febrero se ha tenido diálogo donde se había aclarado que no tenían autorización para proseguir con la operación de la obra.

“Hemos confirmado que las aguas de la presa estaban afectando a los sitios arqueológicos como Chorijoa que tiene nueve sitios con petrograbados que se encuentras 5 metros bajo el agua. Esto se le notificó desde antes a la Comisión Estatal del Agua (CEA) y que era necesario un proyecto de salvamento arqueológico desde la administración pasada. Le fueron dando largas hasta que salieron en 2015, entró la actual y tampoco hizo nada para el salvamento. Se afecta a un conjunto de 44 sitios”.

César Quiada, investigador

En el artículo 32 de dicha ley, se estipula: “El Instituto Nacional de Antropología e Historia suspenderá los trabajos que se ejecuten en monumentos arqueológicos sin autorización, que violen la concedida o en los que haya substracción de materiales arqueológicos. En su caso, procederá a la ocupación del lugar, a la revocación de la autorización y a la aplicación de las sanciones correspondientes”.

Lo que procede es que personal de la CEA ha sido citada el próximo 11 de agosto a las oficinas del INAH para que presenten su argumentario.

“Es una obra que se hizo violando la ley y está en la ley general, no importa quien venga el jueves; lo que procede es que se levantó acta a personal de la CEA y el próximo 11 de agosto se deben presentar para mostrar su argumentario. El pasado 27 de julio se tuvo una reunión y estaban conscientes de que ya había inundado los nueve petrograbados en el lecho del río”.

César Quijada, investigador

El acto de autoridad de suspensión es una resolución administrativa que va a dar inicio a un proceso y que está dentro de las facultades del propio INAH como institución federal, señaló el abogado Javier Alfonso Pérez.

“Para que se realizará este acto queda claro que el proyecto no contaba con la aprobación del Inah. Esto empieza con la suspensión que lleva el derecho de audiencia de la contraparte y que va a dar paso a una resolución administrativa que sí puede dar como consecuencia que la obra quedé suspendida definitivamente. Sin embargo, se puede hacer un convenio en el Tribunal de Justicia Administrativa dónde se le pongan limitantes o condiciones al proyecto para salvaguardar el patrimonio arqueológico”.

Javier Alonso Pérez, abogado

Convenio inmediato

A las horas de informarse de la suspensión realizada a la obra hidraúlica, la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el INAH y el CEA, emitieron un comunicado conjunto donde señalaron que se firmará un convenio para proteger el patrimonio arqueológico y cultural, cuyas acciones darán inicio en octubre próximo.

“En la zona del embalse de la presa se encuentran aproximadamente 44 sitios  arqueológicos, de los cuales, 34 están catalogados como áreas habitacionales prehispánicas y 11 tienen representaciones gráficas rupestres(…)Los asentamientos humanos culturales de la presa cuentan con una larga y continua ocupación, que se prolonga desde la época prehispánica hasta nuestros días”.

Documento de las instituciones

Una obra polémica

La obra de la presa Pilares se ha visto en el ojo del huracán desde sus inicios al ser calificada como otra obra que es hostil y depredadora en su impacto ambiental, social y cultural hacia las comunidades indígenas, en este caso, los guarijíos-macurawe (nombre original de los que habitan en Sonora).

Históricamente en el olvido, el pueblo macurawe  enfrenta este megaproyecto desde 2012  y que ha sido impulsado por políticos de los distintos partidos y que cuenta con la anuencia del presidente López Obrador.

El investigador Alejandro Aguilar Zéleny señaló que desde sus inicios ha sido una obra que no ha cumplido con las disposiciones como es el manifiesto de impacto de ley ambiental, la consulta libre e informada con la población guarijía o la claridad del propósito de la presa Pilares. Es, entonces, una obra enmarcada bajo la retórica del ‘Progreso’ que hace oídos sordos a las poblaciones indígenas que habitan y que está enfocada a un aumento en la producción agrícola de la zona, desplazando a cientos de pobladores y erosionando la cosmovisión y lugares tradicionales.

“Pensamos que con el nuevo sexenio se iba a poder cambiar las cosas pero hemos visto que no es así, ha habido muchas intrigas, sobornos, imposición de gobernadores guarijíos que han dicho estar a favor de la presa y han ‘chamaqueado’ a AMLO. Poblaciones que no entran en la lógica de la acumulación terminan siendo desplazadas por este tipo de proyectos”.

Alejandro Aguilar Zéleny, investigador

Por su parte, el investigador del Colegio de Sonora y una de las voces más cercanas a los guarijíos, Armando Haro, señaló que los guarijíos ahora están muy contentos pero que no se puede seguir permitiendo estas situaciones e imposiciones.

“Ha habido manipulaciones y complicidades con anuencia de todas las instituciones gubernamentales, incluso una parte de los guarijíos. Ganamos el amparo el año pasado pero ahora no se quiere la consulta. La obra aún no ha sido entregada a la Conagua por lo que es una decisión estatal”.

Armando Haro, investigador

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