Eliminación del outsourcing pone en jaque a las empresas

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Eliminación del outsourcing pone en jaque a las empresas

Bajo la premisa de encaminar al país a la justicia laboral y garantizar la protección de los trabajadores y a […]

Bajo la premisa de encaminar al país a la justicia laboral y garantizar la protección de los trabajadores y a sus prestaciones, el Senado de la República aprobó, el 20 de abril, en lo general y particular el dictamen por el cual se reforman diversas disposiciones de las leyes Federal del Trabajo, del Seguro Social y del Infonavit, así como del Código Fiscal de la Federación y de las leyes del ISR y del IVA, en materia de subcontratación laboral, también conocido como outsourcing.

Días después, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) publicó el 24 de abril el decreto de la reforma de subcontratación. Desde esa fecha comenzó un plazo que concluye el 1 de agosto para que las empresas realicen los ajustes necesarios para cumplir con las nuevas reglas, como transferir a su nómina al personal que estaba subcontratado.

La secretaría del Trabajo, Luisa María Alcalde, explicó que con esta reforma “las empresas deberán reconocer como trabajadores propios a todos aquellos que realizan las actividades principales de sus empresas. Es decir, relacionadas con su objeto social y actividad económica preponderante”.

También se decretó que las empresas que no se regularicen antes de los tres meses de prórroga estarán cometiendo un delito fiscal y podrían enfrentar hasta 10 años de prisión o sanciones económicas que llegarían a los 4 millones de pesos.

A poco más de tres meses desde que se publicó la reforma legal que ha generado un gran impacto en materia obrero-patronal, enfocada en eliminar la subcontratación laboral y solo permitir la tercerización de servicios especializados, los plazos otorgados por los transitorios han sido insuficientes, lo que generó que el Poder Legislativo convocara a un periodo extraordinario para reformarlos y permitir que las empresas tengan más tiempo para cumplir las nuevas disposiciones. 

Ante dichas inquietudes, el 31 de julio de 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto para ampliar el plazo de cumplimiento hasta el 1 de septiembre de 2021.

Inquietud en los empresarios

Empresarios, especialistas y líderes de trabajadores advierten que la iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la eliminación del esquema de subcontratación u outsourcing en las empresas del país podría afectar de forma negativa la competitividad de las empresas que operan en México, tanto aquellas de origen nacional como las extranjeras, perdiendo el país en este proceso parte de su atractivo para la inversión del extranjero. 

Según Roberto Arena, analista de la empresa Foley & Lardner en México, en los últimos quince años “el outsourcing se prestó y se empleó para prácticas abusivas, ilícitas e incluso delictivas, pero eso no significa que todo el esquema necesariamente sea ilícito, porque cumple otros propósitos y existe en otros lugares del mundo”

Arena señala que al tener que contratar a todos sus trabajadores “la empresa que genera la riqueza se compromete ante embargos, congelamiento de cuentas, etcétera”, ejemplifica que las empresas extranjeras en México aprovechan el outsourcing y el insourcing para minimizar el pago de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de la empresa (PTU) y así no se compromete el “patrimonio de las corporaciones”.

También señaló que a medida que México pierda atractivo a nivel internacional, será menos probable que empresas extranjeras decidan reubicar sus operaciones al país, que perdería una gran oportunidad de aprovechar tendencias como la que ocurre en las empresas ubicadas en China, que buscan instalarse cerca de Estados Unidos.

Recalcó que las maquiladoras serán uno de los giros más afectados, pues es un sector “que ha recurrido por buenas razones al outsourcing, ya que éste le presta el servicio para encontrar trabajadores que solo se requieren de manera estacional o que requieren tener cierta especialidad”.

De cumplirse la predicción de Roberto Arnea, la economía de Sonora sufriría un duro golpe, pues este sector emplea a cerca de 150 mil personas y aporta el 25 por ciento del Producto Interno Bruto del estado, estima Gerardo Vázquez Falcón, presidente regional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index).

Da pero quita

Desde la Confederación de Trabajadores de México CTM de Sonora, Francisco Javier Villarreal Gómez, dirigente estatal de la central sindical obrera, explica a VALOR la necesidad que había de combatir al outsourcing, práctica con la que se pronuncia en desacuerdo por “lucrar con el trabajo humano”.

De la reforma aprobada hace unas semanas, Villarreal Gómez destaca el artículo 13, el cual permite la subcontratación de servicios u obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica. Se dice preocupado de que varias empresas utilicen este punto legal para simular la eliminación del outsourcing.

“Estamos de acuerdo que se prohíba el outsourcing, pero sin afectar derechos de los trabajadores, no tenían que haberse metido en el reparto de utilidades”, lamenta el líder sindical y comenta que este punto es el que causa más ruido a la CTM por las afecciones que podría traer a los empleados.

Las utilidades son un derecho constitucional que tienen los trabajadores para recibir una parte de las ganancias que obtiene una empresa o un patrón por la actividad productiva o los servicios que ofrecen. 

Javier Villarreal recuerda que las comisión de trabajadores establecía a las empresas con utilidades de más de 300 mil pesos repartir el 10 por ciento de ellas entre sus empleados. Sin embargo, señala que la nueva ley limitó esta repartición a tres meses de sueldo, lo que considera un retroceso en materia laboral.

“Se esperaría, por el discurso de la 4T, que no se afecte la aspiración de una mayor igualdad económica. El 10 por ciento que establece la comisión nacional como el monto a repartir entre los trabajadores no puede toparse en tres meses. Si hay utilidades se reparten y si no las hay no se reparten, pero no afectar los derechos adquiridos”, lanza de forma tajante.

Quien también es secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria Minero Metalúrgica, anticipa que la nueva ley afectará a los mineros, quienes, asegura, recibirán utilidades mayores a un año de sueldo y anticipa que “vamos a promover un amparo e implementaremos la lucha sindical correspondiente, pero de ninguna manera vamos a permitir que se afecten derechos laborales.

En 2020, Villarreal Gómez fue invitado por la STPS a dialogar con otros líderes sindicales, representantes gubernamentales y empresarios la entonces propuesta de reforma laboral del presidente López Obrador. Asegura que les advirtió del retroceso que representaba el tope al reparto de utilidades, pero sus denuncias no fueron escuchadas.

“A la iniciativa del presidente no se le movió ni una coma y, finalmente, quedó en tres meses o el promedio de los últimos tres años el reparto de utilidades. Pareciera que fue un reclamo del empresariado y el gobierno federal, a través de Morena, lleva a cabo esta reforma compensando a los empresarios con derechos de los trabajadores”, reclama el líder sindical.

Javier Gómez se dice molesto con los diputados de Morena, quienes han prometido a la CTM buscar modificaciones legales para reducir los impuestos cobrados en las primas vacacionales, aguinaldo y repartición de utilidades, sin ver resultados hasta ahora.

“El aguinaldo es muy poco y le ponen impuestos, lo dado para las vacaciones no te alcanza y le ponen impuestos. Hemos pedido a los diputados de Morena quitar al menos en las horas extras los impuestos y ni siquiera lo plantearon, nos engañaron y en lugar nos quitan el derecho establecido del 10 por ciento”, concluye Javier Villarreal.

Hay puntos por mejorar

Aunque  Oscar Morales Balmaceda, presidente del Club de Jóvenes de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, reconoce que la reforma laboral tiene puntos positivos y no fue tan agresiva como pensaban, aunque considera que el contexto económico y social que se vive en el país por la pandemia de SARS-CoV-2 no era el ideal para aplicar una medida tan importante. 

“El principal error es el ambiente en el que nos encontramos económicamente, no es el adecuado para tomar decisiones de tanta incertidumbre”, explica el joven empresario.

En entrevista para VALOR, Morales explica que una decisión tan radical, más allá de afectar a las empresas también conlleva a la pérdida de empleos y podrá dañar la inversión extranjera en México, pues genera incertidumbre en los corporativos de otros países que están instalados o piensan hacerlo en territorio nacional.

“Otra cosa negativa es lo tajante de sí y no. No es una regularización, sino una eliminación de golpe”, analiza y explica que la nueva normativa pone en riesgos a miles de pequeñas y medianas empresas y a millones de trabajadores en el país. 

AMLO aseguró que este de modelo de contratación representa abusos en contra de los trabajadores.
AMLO aseguró que este de modelo de contratación representa abusos en contra de los trabajadores.

Por ello, a finales de noviembre, un grupo de jóvenes empresarios liderados por Morales Balmaceda entregó a los diputados federales representantes de Cajeme una propuesta para la regularización de la subcontratación, cuyos puntos no fueron tomados en cuenta.

“Desde un principio buscamos la regularización, no la eliminación como tal y creo que el fondo de todo esto era un aumento en los repartos de utilidades y a eso nunca nos opusimos, simplemente a la eliminación tajante del outsourcing”, rememora.

La propuesta compartida con los diputados Jorge Russo Salido, Javier Lamarque Cano y Marco Antonio Carvajal no contemplaba eliminar la subcontratación, pues era un tema que ya estaba claro en el artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo

En su lugar, los jóvenes de la Canacintra sugerían que se agilizarán y se aumentaran las auditorias a las empresas para detectar a aquellas que evaden impuestos o violan la normativa de la subcontratación y aplicarles sanciones económicas significativas.

“Lo que propusimos desde un inicio es una inspección a las empresas que incumplan la ley, porque la ley de la Secretaría del Trabajo ya era muy clara y no había necesidad de hacer modificaciones. Ya estaba regularizado, hacía falta una aplicación” profundiza.

Aclara que los puntos positivos de la modificación a la ley laboral son que se permita contratar a por medio de terceros empleados no especializados y el requisito implementado a las empresas de outsourcing de registrarse ante la Secretaría del Trabajo para operar.

Sobre el último punto subraya que hay detalles por mejorar para garantizar la regulación de las empresas terciarias. Esto se debe a que el dictamen solamente pide a las subcontratadoras registrarse ante la STPS sin necesidad de ser aprobadas por la dependencia.

“Prácticamente es de buena fe. Si subes tus datos van a confiar en lo que tú dices y puedes mentir, pero si te cae una auditoria por sorpresa, ahí sí va a haber multas muy significativas”, sentencia Óscar Morales.

  • 150 mil empleos generan las manufactureras en Sonora, uno de los giros más amenazado con la eliminación del outsourcing
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Con información de: Pedro Sánchez

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