Fiscalía de Sonora, un regreso a la impunidad

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Fiscalía de Sonora, un regreso a la impunidad

En los últimos tres años el número de víctimas por homicidios y feminicidios delitos creció en un 94 y 22 por ciento

Fiscalía de Sonora Foto: Internet

La impunidad en el estado se ha exacerbado junto con los altos índices de homicidios y feminicidios que hay en la entidad. En los últimos tres años el número de víctimas por estos delitos creció en un 94 y 22 por ciento, respectivamente, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Y es que desde que se designó a Claudia Indira Contreras Córdova al frente de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), la violencia creció de tal forma que Sonora es considerado uno de los estados más peligrosos con varios de sus municipios; además, encabeza junto con Morelos la cifra más alta de feminicidios por cada 100 mil habitantes. 

Ante esta situación, el gobierno federal de la Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, desplegó a más de 2 mil 600 elementos de la Guardia Nacional a través la instalación de seis cuarteles en puntos claves donde la violencia ha incrementado –Pitiquito, Caborca, Cajeme, Nogales, Hermosillo y Caborca-; sin embargo, los esfuerzos han sido pobres, pues desde la llegada de esta policía los números en homicidios y feminicidios se dispararon. 

La organización Impunidad Cero destacó en su reporte de Homicidios Dolosos y Feminicidios en México 2020, que la mitad de las entidades registraron un aumento en su tasa de homicidios dolosos, pero en el caso de Sonora hubo un mayor cambio, pues pasó de 28.6 a 44.6 el año pasado. Este año la situación no parece mejorar. En el primer semestre de 2021, el Secretariado Ejecutivo ha registrado 963 homicidios dolosos y 22 feminicidios. En otras palabras, cada día fueron ejecutadas cinco personas. La misma organización ubica a Sonora en los últimos lugares a nivel nacional en porcentaje de impunidad de homicidios dolosos, con 80.6 por ciento, es decir de cada 10 casos solo se resuelven dos.

Una asignación dudosa

Claudia Indira Contreras Córdova fue asignada por la gobernadora Claudia Pavlovich en noviembre de 2018 como la nueva fiscal por un periodo de nueve años, tan solo un mes después de la renuncia de Rodolfo Montes de Oca al cargo, el cual ocupaba desde el inicio de la administración en 2015. El entonces fiscal dijo que se trataba de motivos personales su renuncia, sin embargo, días atrás la ejecución de seis policías municipales en Guaymas por un grupo armado hizo pensar lo contrario. Claudia Indira era la primera mujer en ocupar dicho cargo en el estado, algo que grupos de madres buscadoras y feministas consideraron positivo para resolver los casos de injusticia que hay para ellas, así como el esclarecimiento de los hechos. 

En el caso de las madres buscadoras, se denunció que la Fiscalía no hace su labor de peritaje de manera correcta o este llega a tardar más de lo normal; además, la líder de dicho grupo, Cecy Flores, denunció en varias ocasiones las amenazas que han tenido por parte de grupos armados, sin embargo, no se hizo algo al respecto llegando a costar la vida Aranza Ramos el pasado 15 de julio al ser asesinada de manera violenta por un grupo criminal, mientras que la líder ha recibido amenazas constantes de muerte desde entonces. Por otro lado, grupos feministas en febrero de 2019 tomaron el Palacio de Justicia de Sonora tras una protesta en el que reclamaban a las autoridades resolver los feminicidios, clasificarlos de manera correcta y hacer justicia. En los tres años al frente de la Fiscalía, hay un total de 104 asesinatos a mujeres por razones de género. 

DNDH condena asesinato de Aranza Ramos

Casos abiertos 

Abel Murrieta, entonces candidato por Movimiento Ciudadano por Cajeme, en donde se encuentra la cuarta ciudad más peligrosa del mundo, fue asesinado el jueves 13 de mayo cuando realizaba actos proselitistas; en al menos 10 ocasiones las balas de un arma de fuego impactaron contra su cuerpo y cabeza, lo que le costó la vida. En esos momentos, la muerte del ex procurador de justicia en los gobiernos de Eduardo Bour y Guillermo Padrés, se convirtió en la número 32 de los aspirantes por una alcaldía asesinados por la violencia que azotó las pasadas elecciones. Sin embargo, también se transformó en una de las miles de carpetas de investigación que la Fiscalía no ha podido resolver a pesar de que la directora general de comunicación, Lupita Orduño García, a través de un video declaró que “esclarecer el crimen de Abel Murrieta es una prioridad para la Fiscalía”.

La Fiscalía abrió dos líneas de investigación con el caso de Murrieta. La primera, debido a su carrera política; la segunda, por su profesión como abogado. En el primer caso, por su pasado como procurador de justicia en el estado y que ya como candidato aspiraba a terminar con la violencia homicida en la región, incluso se reveló un video a través de redes sociales donde el candidato prometía terminar con el crimen organizado; pero como abogado también buscaba esclarecer los hechos violentos que le quitaron la vida a tres mujeres y seis niños en Bavispe. Otra carpeta de investigación que se empolvaría de no ser por Adrián LeBarón, que busca justicia para su familia. 

Abel Murrieta

En 2019, miembros de la familia LeBarón, 14 niños y tres mujeres, viajaban de Chihuahua a Bavispe, Sonora, en donde fueron emboscados por un grupo armado el cual comenzó a disparar en contra de los tres vehículos donde se encontraban. El ataque dejó un saldo de tres mujeres y seis niños muertos. Tras los hechos, el entonces secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, declaró que se trató de una confusión por parte del grupo delictivo. El mismo día de la masacre la fiscalía del estado mostró deficiencias, pues no se hizo autopsia a las víctimas debido a que los peritos no llegaron.

Ser periodista o activista, un riesgo máximo

Desde la llegada de Claudia Indira Contreras Córdova a la Fiscalía del estado, no solo incrementaron los casos de homicidios y feminicidios, también Sonora se convirtió en el estado más peligroso para ser periodista o activista. De acuerdo con datos del gobierno federal, en Sonora han sido asesinados ocho comunicadores. Las dos últimas víctimas son Benjamín Morales Hernández y Ricardo López Domínguez. El primero desapareció de su domicilio y ante esta situación sus familiares presentaron una denuncia ante la FGJE, pero horas más tarde el reportero sería localizado sin vida por elementos de la GN en los límites de los municipios General Plutarco Elías Calles y Caborca, a un costado de la carretera. Mientras que Ricardo López denunció previamente ante la Fiscalía haber recibido amenazas contra su vida. “Ejercer el periodismo en Guaymas es altamente riesgoso, aunque ya está la denuncia sigue habiendo amenazas”, señaló en conferencia de prensa. El pasado 22 de julio fue acribillado a balazos el mismo día de su cumpleaños. 

Ante esta situación, la Fiscalía lanzó un comunicado en el que expuso que “de inmediato se dará conocimiento a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra de la Libertad de Expresión (FEADLE), para la investigación de estos hechos por tratarse de un periodista”. Sin embargo, varios periodistas marcharon en Hermosillo exigiendo justicia y apoyo por parte de la Fiscalía hacia los comunicadores, pues existen denuncias en las que las autoridades no dan el apoyo debido. 

Otro de los grupos que son constantemente atacados por grupos armados o las Fuerzas Armadas y que ven violados sus derechos humanos, son los activistas yaquis, así como los ejidatarios al norte de Sonora, en Caborca, que luchan por su territorio contra la minera Penmont. Con estos últimos, la violencia se ha acentuado en los últimos años, pues varios representantes del Ejido El Bajío han sido asesinados. La muerte de José de Jesús Robledo, ex presidente ejidal, junto con su esposa María de Jesús Gómez Peña, revivió el conflicto aseverando que miembros del Ejército han entrado en numerosas ocasiones a su propiedad para intimidarlos. 

No son los únicos que denuncian este tipo de actos en su contra. La tribu yaqui exige al gobierno retirar a los elementos del Ejército de su territorio, pues aseguran aún si deben morir se enfrentarán contra ellos. Los yaquis durante este año han sufrido la desaparición de siete integrantes así como con el asesinato de Tomás Rojo y Luis Urbino. En ambas situaciones, la Fiscalía no ha podido esclarecer los hechos y no ha detenido a nadie implicado en los casos.   

El norte arde

La última semana en el municipio de Magdalena de Kino se han reportado varios hechos violentos contra los pobladores, pues grupos criminales se han apoderado de la zona despojando a los habitantes sus propiedades. En la región de Ímuris fueron incendiadas tres viviendas. Por esta situación varias personas han optado por marcharse de la zona en la que se enfrentan los narcotraficantes por ser el paso para el trasiego de drogas a Estados Unidos. El gobierno envió a elementos de la Guardia Nacional a tranquilizar la zona, pero han sido en vano, aunque la Fiscalía presumió la captura de al menos nueve delincuentes

Ataques en Magdalena por tercer día consecutivo

En otras partes del norte, como Caborca, el número de carpetas de investigación por homicidio creció durante 2020, pues ese año se reportaron 131 asesinatos, lo que en comparación con 2019 representó un aumento de 304 por ciento, algo que se relaciona con la llegada del Cártel de Caborca, dirigido por el ex miembro del legendario Cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, el cual terminó con la tranquilidad de los habitantes del municipio fronterizo. De acuerdo con medios locales consultados, en Caborca, Guaymas, San Luis Río Colorado y Hermosillo existe una disputa entre el cártel de Caro Quintero y Los Salazar, una célula del Cártel de Sinaloa

HERRAMIENTAS
  • Sonora junto con Morelos encabezan la cifra más alta de feminicidios por cada 100 mil habitantes. 
  • Desde la llegada de la nueva fiscal, han sido asesinados ocho periodistas en el estado, siendo el más violento para ejercer el periodismo en el país
  • Al momento no hay detenidos por la muerte de Abel Murrieta a pesar de que la Fiscalía dijo era una prioridad resolver
  • 104 mujeres han asesinado en Sonora, en los tres años que tiene Contreras Córdova al frente de la FGJE

Con información de: Miguel Escobar

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