A 2 años de la militarización con la Guardia Nacional

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A 2 años de la militarización con la Guardia Nacional

El perfil original de la Guardia Nacional parece difuminarse bajo la sombra de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Elementos de la Guardia Nacional. Foto: Especial.

La militarización en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador con la Guardia Nacional cumple dos años y ha sido motivo de preocupación para decenas de organismos que buscan terminar con la violencia homicida e impunidad en el país. 

En primera, porque es un problema que comienza, tal como se conoce en la actualidad, con el exmandatario Felipe Calderón Hinojosa, cuando decidió declarar la guerra contra el narcotráfico, se continúa en la administración del priista Enrique Peña Nieto y no se frena con el actual jefe del Ejecutivo a pesar de su promesa durante las elecciones de 2018 de regresar a las tropas a los cuarteles; incluso, dio nuevas funciones a las Fuerzas Armadas no solo en cuestión de seguridad, sino también para realizar megaproyectos de relevancia para su gobierno como son el Nuevo Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles en la Base Aérea Militar de Santa Lucía y la construcción de los tramos 4, 6 y 7 del Tren Maya

El segundo motivo es que la policía de carácter civil creada en 2019 tiene un mecanismo totalmente castrense; gran parte de sus uniformados son ex integrantes del Ejército, de la extinta Policía Federal y la institución tiene como comandante al militar en retiro Luis Rodríguez Bucio.

Recientemente, el presidente López Obrador, mencionó que buscará mediante una reforma que la Guardia Nacional, la cual está adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, pase a ser el brazo armado de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), según dijo el mandatario “para que no suceda lo que pasó con la Policía Federal, que se integró y se echó a perder”. Además, señaló que existe un 70 por ciento de aprobación por parte de los mexicanos a la GN, según un estudio del Inegi. 

Fuera máscaras 

Tras las declaraciones del presidente, hubo varias opiniones de expertos en seguridad. Algunos mostraron preocupación y otros mencionaron que esta incorporación a la Sedena se trata de una formalidad a los mecanismo que se rigen en la institución. Por ejemplo, la politóloga Laura Rojas mencionó que con la creación de la Guardia Nacional existía una militarización fechada hasta 2024, el mismo día que el presidente de México dejará el cargo. Sin embargo, la reforma que propone Andrés Manuel López Obrador hará que las Fuerzas Armadas permanezcan después de su mandato.

“La intención del presidente López Obrador siempre fue entregar la seguridad pública a las Fuerzas Armadas, por lo que, aunque el Congreso estableció que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, cuyo titular es un civil, se reformó su reglamento para permitir que el secretario delegue facultades en el comandante de la Guardia Nacional, cediendo el mayor control posible”.   

Laura Rojas. Politóloga.

Al respecto, el doctor Alejandro Madrazo, director del CIDE, durante una entrevista aseguró que el jefe del Ejecutivo hizo caso omiso al Congreso de la Unión y violó desde un principio la constitución al construir una Guardia Nacional constituida en su mayoría por militares. 

“El Presidente está ignorando el mandato constitucional de construir un aparato civil para dar seguridad pública y lo está haciendo abiertamente militar, al inaugurarlo en Campo Marte, con mando militar en servicio activo y equipamiento militar. Se trata pues de un aparato más del Ejército.”

Alejandro Madrazo. Director del CIDE.

La promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador de retirar a los militares para que la seguridad pública estuviera a cargo de las fuerzas civiles se desvaneció por completo; desde la creación de la Guardia Nacional hubo vacíos que le dieron poder a las Fuerzas Armadas a pesar de que la constitución la considera una corporación civil. Durante los meses más críticos causados por la grave crisis sanitaria del Coronavirus, el mandatario facultó atribuciones extraordinarias de seguridad pública al Ejército y a la Marina para que sirvan como respaldo a la Guardia Nacional ya sea de manera fiscalizada, subordinada y complementaria.

Pero a pesar de la reforma que pretende enviar Andrés Manuel López Obrador en 2023, los resultados de la institución han dejado mucho que desear a los mexicanos que viven a diario una tormenta de violencia. 

Asola la violencia

El pasado 30 de junio la Guardia Nacional cumplió dos años de funciones desde que comenzó a desplegarse en el país con el propósito de pacificar la violencia homicida que permanecía en varias entidades desde las administraciones pasadas. Sin embargo, los números continúan en rojo, pues a la fecha los homicidios a nivel nacional han incrementado en 3.5 por ciento en comparación con los mismos meses previos a su llegada, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante los 24 meses en los que la policía creada por la actual administración comenzó sus operaciones han sido asesinadas 66 mil 215 personas, sin contar junio debido a que aún la SESNSP no ha dado datos de este mes. Es decir, en México mueren de manera violenta 94 ciudadanos diariamente.

La Guardia Nacional está conformada actualmente por más de 96 mil elementos que se encuentran desplegados en distintos estados del país para llevar a cabo distintas funciones.

A la fecha, en el territorio mexicano hay más de 169 cuarteles de la institución operando, pero el plan del presidente es construir 258 para combatir la inseguridad en varios municipios. 

No obstante, las entidades federativas en donde existe un mayor número de tropas de esta institución no son precisamente las que tienen un índice de más homicidios. De acuerdo con datos de la organización Causa en Común, tan solo cinco estados concentran el 42 por ciento de los efectivos y son: Veracruz, Estado de México, Ciudad de México, Michoacán y Guanajuato, con un total de 41 mil 924 uniformados. Mientras que los estados con una mayor tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes en 2020 fueron Chihuahua, Baja California, Zacatecas, Colima y Guanajuato.

Sumando a la violencia en el país, están las masacres cometidas por grupos criminales contra la población civil o en enfrentamientos armados. En lo que va de 2021, hay reportadas al menos 40 multihomicidios que han cobrado la vida de 293 personas. Una de estas sucedió en Reynosa, Tamaulipas. El pasado sábado 19 de junio, un convoy de integrantes del Cártel del Golfo comenzó su marcha de terror al mediodía en donde asesinaron a 19 civiles. De acuerdo con los reportes de la Fiscalía del estado, se calcula que hubo 180 disparos.

Tras el asesinato de las personas, los elementos de seguridad se enfrentaron contra los sicarios dejando a varios abatidos. A la fecha, han sido detenidos cinco involucrados por los hechos acontecidos. Ante esta situación, el vocero de seguridad del estado, Luis Alberto Rodríguez, solicitó más presencia de la Guardia Nacional en Tamaulipas. 

Al respecto, la especialista Catalina Pérez Correa aseveró para el periódico REFORMA que durante esta administración se ha priorizado el despliegue y el fortalecimiento de la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas y se ha olvidado darle prioridad a la policía municipal de distintos estados. Sin embargo, el gobernador electo de Sonora y ex titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, tiene un pensamiento distinto al de la experta.

 Tras resultar ganador en las elecciones, se ha   reunido en varias ocasiones con comandantes del Ejército y la Marina; incluso, en su equipo de transición se encuentra el comandante Gilberto Landeros para hacerse cargo de la Secretaría de Seguridad Pública.

La militarización en Sonora

Tras la llegada de la Guardia Nacional a Sonora, la violencia sigue aumentando a pesar de que se han instalado en el estado seis cuarteles en distintos municipios—Hermosillo, Bavispe, Pitiquito, Caborca, Cajeme y Nogales — y se han desplegado más de 2 mil 600 elementos. De acuerdo con las cifras del SESNSP, en la entidad durante los primeros cinco meses de 2021 se han incrementado el número de homicidios hasta en un 28 por ciento, respecto al mismo periodo del año anterior.  

Si se comparan los datos desde la llegada de la Guardia Nacional al estado, la violencia homicida ha incrementado un 33 por ciento. En los primeros 23 meses han muerto en Sonora 3 mil 198 personas de manera violenta. Dicho en otras palabras, a diario hay 4.5 víctimas

La especialista Catalina Pérez asegura que la militarización en México trae consigo más violencia y con la Guardia Nacional no se está a salvo. Tan solo en sus casi dos años de operación ha acumulado más de 400 señalamientos por presuntas violaciones a los derechos humanos, convirtiéndose en una las instituciones con más quejas por torturas, desaparición forzada, detenciones arbitrarias e intimidaciones, de acuerdo con datos de la CNDH

Una de estas situaciones se vivió hace unos meses en el estado, cuando un ataque perpetrado por elementos de la Guardia Nacional dejó sin vida al secretario escribiente de la Fiscalía, José Ramón Reyes, de 37 años, tras recibir varios impactos de bala por parte de la policía civil, quienes declararon se trató de “una confusión”. De acuerdo con la versión de la hermana de la víctima, ellos se encontraban en la camioneta en una brecha que se dirige al Ejido San Isidro, en Caborca, cuando fueron atacados por los uniformados.

Aspecto en el que quedó el vehículo que transportaba a José Ramón Reyes, de la Fiscalía de Sonora y que fue acribillado por elementos de la GN en Caborca, Sonora.
Foto: Especial.

Tras los hechos, organismos como Causa en Común, Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, México Unido Contra la Delincuencia A.C, denunciaron en un comunicado conjunto la preocupante situación que se vive en Sonora y pidieron se investigue a fondo el acontecimiento para dar con la verdad. 

“Según el acuerdo, el Ejército y Marina pueden llevar a cabo detenciones, incautar bienes, preservar el lugar de hechos delictivos en todo el país e inspeccionar la entrada y salida de personas del país. No se incluye una regulación clara para ello y se deja la fiscalización de las actuaciones a los órganos internos de estas instituciones.Tampoco se establecen objetivos claros para el despliegue y abiertamente se omite imponer la subordinación de las Fuerzas Armadas a la autoridad civil para realizar tareas de seguridad pública. Lo que la Constitución y el derecho internacional exigen”.

Catalina Pérez. Especialista en temas de seguridad.

Manuel Emilio Hoyos, director del Observatorio Sonora por la Seguridad, mencionó para periódico REFORMA que la violencia en el estado tiene una relación directa con la llegada de la Guardia Nacional y que la militarización no ha traído la paz.

“A casi dos años de formarse nos sigue quedando a deber. En el caso de Sonora, la militarización es parte del recrudecimiento de la violencia, la militarización y la impunidad son dos factores determinantes que han generado este caldo de cultivo para ver esto que está pasando”, explicó.

Manuel Emilio Hoyos. Director del Observatorio Sonora por la Seguridad.

Sin embargo, el gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, fue cuestionado sobre la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena a lo que contestó estar de acuerdo. Durante varias semanas el ex titular de Seguridad y Protección Ciudadana ha tenido reuniones con generales y comandantes de las Fuerzas Armadas para lo que calificó “regresar la paz y tranquilidad a Sonora”

Con información de: Miguel Escobar. 

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